En un auto sin precedentes, la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz decide que el dueño y la directora serán también juzgados por maltrato animal. El auto expresa que tanto el dueño como la directora de la perrera de Puerto Real presuntamente conocían el uso del Mioflex. Además, también detalla que el dueño y la directora presuntamente daban instrucciones a los veterinarios para la utilización del Mioflex con el objetivo de ahorrar costes.
“Este auto sin precedentes de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, explica que tanto el dueño como la directora de la Perrera de Puerto Real supuestamente conocían el uso del Mioflex y además daban instrucciones a los veterinarios para su uso con el objetivo de reducir costes”. Indicó Nacho Paunero, presidente de El Refugio.
El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el 15 de junio del año 2007 iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado nº 2 de Puerto Real, que hasta el día de hoy tiene cinco tomos con cerca de 2500 folios.
La organización proteccionista está personada como acusación en el primer procedimiento penal contra una perrera en España. Los supuestos penales que se imputan son: supuestos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.
En la perrera de Puerto Real se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado ya que afecta a los músculos respiratorios.
El horror en la perrera de Puerto Real, supuestamente llevaba sucediendo durante años. Dicha perrera es una empresa que figura como sociedad limitada en el registro de sociedades y cuyo administrador único y dueño de la misma es Plácido Gómez Muñoz, se da la circunstancia que el nombre de dicha sociedad es el de Asociación Protectora de animales S. L. Según El Refugio en muchos casos, este tipo de empresas que recogen animales sólo buscan ganar dinero, aparentan proteger a los animales pero en ningún caso lo hacen.
El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el 15 de junio del año 2007 iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado nº 2 de Puerto Real, que hasta el día de hoy tiene cinco tomos con cerca de 2500 folios.
La organización proteccionista está personada como acusación en el primer procedimiento penal contra una perrera en España. Los supuestos penales que se imputan son: supuestos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.
En la perrera de Puerto Real se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado ya que afecta a los músculos respiratorios.
El horror en la perrera de Puerto Real, supuestamente llevaba sucediendo durante años. Dicha perrera es una empresa que figura como sociedad limitada en el registro de sociedades y cuyo administrador único y dueño de la misma es Plácido Gómez Muñoz, se da la circunstancia que el nombre de dicha sociedad es el de Asociación Protectora de animales S. L. Según El Refugio en muchos casos, este tipo de empresas que recogen animales sólo buscan ganar dinero, aparentan proteger a los animales pero en ningún caso lo hacen.
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